Durante décadas, Chile enfrentó las emergencias bajo una lógica esencialmente reactiva: esperar el desastre para desplegar el heroísmo. Sin embargo, la crisis climática y la creciente voracidad de los incendios forestales nos han obligado, como país, a madurar.
Hoy, al observar las cifras y la nueva estructura del Estado, queda claro que hemos dado un salto cualitativo en nuestra capacidad de resiliencia, transitando desde la improvisación hacia una estrategia pública robusta, planificada y técnicamente sólida.
Uno de los hitos más relevantes de este proceso ha sido, sin duda, la modernización institucional. El término de la antigua Onemi y el nacimiento del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) no fue simplemente un cambio de nombre, sino el cierre de una tramitación de más de diez años destinada a otorgar mayor jerarquía, atribuciones y herramientas a quienes coordinan la gestión del riesgo en nuestro país.
A ello se suma un incremento histórico de recursos para Conaf y Senapred, que refleja una prioridad política concreta del Gobierno del Presidente Gabriel Boric: el presupuesto del Programa de Manejo del Fuego, por ejemplo, aumentó en un 113% entre los años 2022 y 2025.
La preparación para la temporada 2025-2026 exhibe un músculo operativo sin precedentes. No se trata solo de voluntad, sino de capacidades reales: un aumento del 24% en aeronaves, alcanzando las 77 unidades disponibles; la consolidación de 319 brigadas de Conaf —un alza del 27%— que permiten una respuesta más rápida y territorialmente distribuida; y la superación de la meta de 100 puntos de posada para helicópteros, junto con el mejoramiento de aeródromos en zonas estratégicas del país.
Quizás el avance más silencioso, pero también el más eficaz, sea el preventivo. El despliegue de más de 3.600 kilómetros de cortafuegos constituye una obra de ingeniería preventiva de escala histórica. A ello se suma la incorporación de tecnología de vanguardia, como sistemas de detección temprana apoyados en inteligencia artificial, capaces de anticipar focos de incendio y “ganar” minutos críticos antes de que el fuego se vuelva incontrolable.
Pero el Estado no puede ni debe actuar solo. El aumento del 124% en comunidades capacitadas a través del plan Comunidades Preparadas reconoce una verdad fundamental: la primera respuesta suele nacer en el propio territorio, en el vecino que sabe cómo limpiar su entorno y dar la alerta a tiempo.
En esa línea, desde la Seremi de Gobierno en la Región de Los Ríos hemos trabajado activamente junto a Senapred en la realización de talleres en sectores rurales, promoviendo la organización comunitaria en torno a la prevención, mitigación y preparación frente a los desastres.
En un contexto donde prácticamente la totalidad de los incendios tiene origen humano —muchas veces asociado a negligencias—, el compromiso ciudadano es decisivo. Las recomendaciones son claras: realizar fogatas solo en lugares autorizados y con las debidas precauciones; mantener techos y canaletas libres de hojas secas; eliminar vegetación combustible en un radio de al menos diez metros alrededor de las viviendas; y evitar estrictamente el uso de herramientas que generen chispas durante episodios de calor extremo. Estas medidas, junto con la prohibición del uso del fuego para eliminar desechos agrícolas, constituyen la última barrera para impedir que un descuido se transforme en una tragedia.
Finalmente, la emergencia no concluye cuando se extinguen las llamas. La creación del Comité de Ayudas Tempranas y la inversión de más de 60 mil millones de pesos para la recuperación de MiPymes afectadas buscan ofrecer un horizonte concreto de apoyo a quienes lo pierden todo. Chile sigue siendo un país vulnerable frente a los desastres naturales, pero hoy está mejor equipado, más organizado y, sobre todo, más consciente de que la mejor emergencia es aquella que, gracias a la preparación colectiva, nunca llega a convertirse en catástrofe. Recibe nuestras noticias en: WhatsApp | Instagram | Newsletter.
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