Alcalde de Corral responde por irregularidades administrativas detectadas por la Contraloría

El informe, que el alcalde Claudio González atribuyó a "filtración maliciosa", reveló graves faltas en compras y control interno.

Durante el mes de octubre, la Contraloría Regional de Los Ríos dio a conocer el Informe Final de Investigación Especial N° 581/2025, fechado el 30 de septiembre de 2025, que reveló una serie de irregularidades administrativas en la Municipalidad de Corral. 

La auditoría se realizó tras recibir denuncias ciudadanas, algunas con reserva de identidad, que apuntaban a presuntas faltas en distintas áreas, entre ellas recursos humanos, control interno, compras públicas y otorgamiento de patentes municipales. 

Aunque varias observaciones tienen origen en gestiones pasadas, el órgano fiscalizador determinó que las prácticas se mantuvieron durante la administración actual.

Reacción del municipio

Ante esta situación, Claudio González, alcalde de Corral, entregó una aclaración pública señalando que el municipio está al tanto de las distintas irregularidades denunciadas y que ya se están adoptando medidas para dar seguimiento a cada caso.

En la declaración, difundida a través de redes sociales, el alcalde señaló que el informe “no es una condena, ni una sanción, es parte de los mecanismos normales de fiscalización que existen en nuestro país”.

Atribuyó la difusión del documento a una “filtración maliciosa con fines políticos” y afirmó que su gestión ha enfrentado los problemas heredados con medidas concretas, sumarios y planes correctivos.

Gasto en personal sobre el límite legal

Una de las observaciones más significativas corresponde al exceso en el gasto en personal, que para 2025 alcanzó el 55% de los ingresos propios del municipio, superando el límite legal del 42% establecido en la Ley N° 18.883.

La Contraloría señaló que esta situación vulnera los principios de eficiencia y responsabilidad administrativa.

En su respuesta pública, el alcalde González reconoció el exceso, pero explicó que este se debió a una decisión de mejorar las condiciones laborales de trabajadores a honorarios y fomentar el empleo local, comprometiéndose a entregar dentro de 60 días un plan de ajuste presupuestario para normalizar el gasto.

Irregularidades en compras públicas

El informe también detectó irregularidades en procesos de compras públicas, entre ellas la adjudicación de órdenes de compra a la empresa Vercan Ltda. por montos de $6.282.367 y $6.265.350, pese a que no representaban las ofertas más convenientes.

No se registraron justificaciones que avalaran la elección de un oferente con precios más altos, contraviniendo el artículo 7° de la Ley N° 19.886.

Además, se acreditó un fraccionamiento de compras por un total de $13.480.000 para trabajos de pintura en el edificio consistorial, con el fin de evitar un proceso de licitación pública, infringiendo la normativa que regula las “Compras Ágiles”.

González reconoció estas prácticas como “incorrectas” y aseguró que ya se están reforzando los controles internos.

“Reconocemos que esta fue una práctica incorrecta, que debía ser corregida y ya hemos adoptado medidas en esa línea. Estamos reforzando la capacitación del personal y mejorando los controles internos en la plataforma de mercado público para asegurar que todas las licitaciones cumplan rigurosamente con la normativa vigente y privilegien siempre la oferta más conveniente para el municipio y la comunidad”, señaló.

Deficiencias en el control interno

La auditoría también advirtió una falta de cumplimiento en las funciones de la Dirección de Control Interno, al no existir evidencia de la entrega de los informes financieros trimestrales al Concejo Municipal durante 2023, 2024 y lo transcurrido de 2025.

Asimismo, el plan de auditorías internas del período 2023–2024 no fue ejecutado, y los informes del director de Control se basaban principalmente en descripciones de hechos, sin incluir evaluaciones de eficiencia o eficacia.

La Contraloría también observó que el funcionario a cargo participó en una reunión estando con licencia médica y acumuló 23 licencias entre 2023 y 2025, equivalentes a 311 días, sin que se evaluara una posible salud incompatible con el cargo.

“Frente a esto, ya se adoptaron todas las medidas correctivas, se enviaron todos los informes al consejo, se solicitó un nuevo plan de auditorías internas y se informó a la Isapre el incumplimiento del reposo médico. Además, tal como lo instruyó Contraloría, se instruyó el sumario administrativo correspondiente”, informó el alcalde. 

Contrataciones y conflictos de interés

Otro punto relevante del informe es la contratación del primo del alcalde, designado como encargado de comunicaciones, quien fue incorporado sin acreditar el nivel educacional exigido para el cargo y con un aumento del 51% en sus remuneraciones respecto de su período anterior a honorarios.

El alcalde defendió la legalidad del nombramiento, señalando que no existe inhabilidad por parentesco, al tratarse de un vínculo en quinto grado de consanguinidad, y que el funcionario cuenta con seis años de experiencia comprobable en el área. Además, se comprometió a entregar antecedentes que respalden su formación y honorarios dentro del plazo legal de 60 días.

Asimismo, la Contraloría detectó un posible conflicto de interés en el otorgamiento de una patente provisoria a una estación de servicio que no contaba con los permisos de edificación ni con la recepción final de obras. Según el informe, el director de Obras Municipales, Eric Garrido, participó en el proceso a pesar de mantener un vínculo familiar por afinidad con el propietario del recinto.

En su aclaración, el alcalde aseguró que el local fue clausurado, que se inició un sumario administrativo y que se instruyó a todos los directores municipales abstenerse de participar en decisiones donde existan posibles inhabilidades.

También precisó que el vínculo familiar denunciado “no configura conflicto de interés según la normativa vigente”, al no existir matrimonio ni relación legal formal entre las partes.

Otras observaciones 

El documento de la Contraloría incluyó observaciones de menor complejidad, como deficiencias en la aprobación del presupuesto de las actividades de verano 2025, y cuestionamientos al uso institucional de la imagen del alcalde en redes sociales.

Sobre este último punto, González sostuvo que la Contraloría “desestimó completamente la denuncia”, confirmando que las publicaciones municipales mantienen un enfoque informativo y no personalista.

El informe también hace referencia a la falta de trazabilidad en algunos decretos alcaldicios y a contrataciones imputadas en cuentas contables erróneas, situaciones que, según la administración, ya fueron regularizadas y cuentan con procedimientos de control en curso.  Recibe nuestras noticias en: WhatsApp | Instagram | Newsletter.